Derecho a la ciudad, mucho más que una cuestión económica

“El transporte ha vuelto a subir”, “en esa plaza ya sólo hay terrazas, no hay bancos ni lugares en los que sentarse”, “¿dónde vamos esta noche?”, “por ahí no, demasiados escalones”, “hoy no salgo, no tengo dinero”,  “la policía le paró cuando vio que era extranjero”, “¿vas a volver a casa tú sola?”, “las insultaron mientras se besaban por la calle”, “me han multado durante la manifestación”…

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En 1969, en un momento en el que la disolución de los estados de bienestar europeos y el capitalismo avanzan sin cesar, Henry Lefebvre temía por las ciudades y el estilo de vida al que empezaban a estar sujetos sus habitantes. La ciudad, reflexionaba este geógrafo francés, es un derecho. La ciudad ha de ser un punto de encuentro, un lugar en el que poder estrechar lazos y realizar intercambios económicos, sociales y culturales. Como habitantes de la ciudad, debemos tener derecho a utilizar sus rincones, sentirnos parte de ella y participar en las decisiones sobre su planificación [1]. Todas las personas que viven en la ciudad, añade David Harvey [2], al margen de su posición económica, deben tener la garantía de poder ejercer este derecho .

Efectivamente, la gestión capitalista del espacio urbano y su progresiva transformación en mero espacio de consumo, excluyen a quienes no pueden superar las barreras económicas. ¿Cómo sentirse parte de un espacio que no podemos disfrutar? ¿Por qué cada vez son menos las cosas que podemos hacer sin dinero en esta ciudad? ¿Qué poder de decisión tenemos sobre lo que sucede en nuestras calles si nos sentimos fuera de ellas?

Si bien es cierto que la ciudad siempre ha reflejado diferencias económicas y de clase, no son las únicas. Las ciudades, como explica la antropóloga Teresa del Valle, tienen un enorme poder referencial, es decir, son reflejo de los principios rectores de una sociedad, y sobre todo, de cómo dicha sociedad distribuye el poder [3].

La construcción de la ciudad y la planificación del espacio urbano, nunca son procesos neutros o aislados, sino que como cualquier otra producción humana, reproducen y reflejan los valores de la cultura en la que se insertan. La urbe, con sus contradicciones y sus desigualdades, también impone barreras, que más allá de las económicas, discriminan a la población infantil y anciana, a las mujeres, a personas trans, no heterosexuales, con diversidades funcionales, o migrantes. En este sentido, junto a los interrogantes que plantee unas líneas más arriba, podríamos añadir otros tantos, pues no nos engañemos, seguimos envueltas en un contexto social que ejerce violencia y discriminación. Mientras se mantengan principios jerárquicos, los mismos que insuflan y reproducen los prejuicios machistas, clasistas u homófobos, siempre tendremos un motivo para desconfiar de la neutralidad de los espacios en los que habitamos, pues las personas que los construyen, gestionan y controlan, están mayoritariamente impregnadas de todos estos pensamientos.

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Por todo ello, siempre cabe una ciudad en la que se favorece la movilidad de los vehículos sobre la de viandantes, ciclistas o personas con diversidades funcionales; una ciudad que fomenta la aparición de grandes superficies comerciales en detrimento del comercio local; en la que los servicios públicos continúan recortándose, restringiéndose a población nacional o directamente privatizándose; en la que el ocio va ligado casi en exclusiva al consumo; una ciudad en la que la noche puede ser realmente oscura, llena de lugares mal iluminados y desapacibles; una ciudad que dificulta la apropiación del espacio público para las reivindicaciones políticas de sus habitantes o las persigue con dureza…¿quién puede habitar una ciudad así?

Este modelo de metrópoli, inevitablemente, produce y reproduce sujetos más privilegiados que otros, pues no está pensada para todos ellos. Las ciudades llenas de sombras que acabo de describir, están construidas por y para un modelo de ciudadano, aquel que detenta un mayor poder económico, pero que además, como han matizado las críticas feministas en el urbanismo y en la antropología urbana [4], ocupa posiciones ventajosas en otros ámbitos que confieren prestigio social. Nuestro ciudadano privilegiado campa a sus anchas por la ciudad,  vive y utiliza cualquiera de sus espacios sin temor a sufrir acoso callejero o violencia sexual, ataques homófobos, racistas o represión policial. El ciudadano privilegiado compra, paga y se divierte, se procura los bienes y servicios necesarios gracias a la autonomía que le confiere su tarjeta de crédito. El ciudadano privilegiado, aquel acorde con nuestros tiempos, tiene pleno control sobre los suyos, pues ajeno a las tareas del cuidado, puede permitirse las velocidades y distancias de la gran ciudad.

Entre tanto, el resto de personas, con mayor o menor dificultad, luchan desde su vida cotidiana por hacer que la experiencia en la urbe se adapte a sus necesidades, reiventando la propuesta de Lefebvre y llenándola de nuevos significados. Redes vecinales solidarias, colectivos y activismos, espacios autogestionados o coperativas de consumo son algunos ejemplos en ese intento por domesticar los espacios urbanos, por adaptarlos y colmar los vacíos de una ciudad que nos ha sido expoliada.

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Siguiendo la crítica feminista, creo que cuando se trata de la ciudad como derecho, es importante tener en cuenta el mayor número posible de situaciones que generan desigualdad, sin detenernos exclusivamente en las de tipo económico. Se trata más bien de ir desgranando todas las diferenciaciones de edad, género o racialización con las que nuestro contexto social nos etiqueta. El derecho a la ciudad está condicionado por todas ellas, y la ciudad misma, desde su planificación y los estilos de vida que promueve, nos selecciona y nos distribuye por sus espacios, haciéndonos más o menos privilegiadas a la hora de habitarla. Sólo si somos capaces de tener en cuenta todos estos aspectos, observando muy de cerca el día a día en la urbe y los múltiples escenarios que la componen, podremos entender cuáles son nuestras posibilidades reales de utilizar, participar y sentirnos parte las ciudades que habitamos. Sólo así podremos acercarnos a una reivindicación por el derecho a la ciudad que sea extensible a todas las personas que de manera transitoria o permanente vivimos en ella.

TEXTO: Paula Pérez Sanz

FOTOGRAFÍAS: Silvia Bellón

FUENTES

[1] Del Valle, Teresa. (1999). “Reelaboraciones de la conceptualización espacio-temporal desde el análisis feminista y su aplicación a la antropología urbana” en Mari Luz Esteban y Carmen Díez Mintegui (coord.), Antropología feminista: desafíos teóricos y Metodológicos, Ankulegi.

[2] Harvey, David. (2008). “El derecho a la ciudad”. New Left Review 53: 23-40

[3] Lefebvre, Henri. (1978) [1968]. El Derecho a la Ciudad. Barcelona: Edicions 62

[4] Para profundizar en la crítica feminista al espacio urbano se puede consultar McDowell, Linda. (2000). Género, identidad y lugar. Madrid: Catedra. Para entender cómo se ha elaborado esta crítica con respecto al concepto “Derecho a la Ciudad” es interesante el texto de Shelley Buckingham (2010)

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